China está avanzando rápidamente en sus planes para un controvertido sistema de calificación de crédito social que incluirá a 33 millones de compañías, lo que aumenta el temor a represalias entre las empresas extranjeras mientras Beijing busca extender su control sobre el entorno empresarial en el país. Los defensores argumentan que ayudará a crear mejores ciudadanos corporativos, pero los críticos dicen que dará mayor libertad a los funcionarios locales para que apunten a ciertas empresas.
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